Aviso Urgente! TV

TRIBUNAL INTERNACIONAL SOBRE LIBERTAD SINDICAL EN MÉXICO

(Octubre 26-28, Cd. de México)

CONVOCATORIA

México es una de las naciones donde más se viola lo establecido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical. La libertad de asociación es una condición indispensable para defender o mejorar otros aspectos vitales de las condiciones de trabajo y de vida de la gente, castigadas nuevamente por la crisis económica. Ante la falta de libertad sindical, y en consecuencia, también se vive una simulación en materia de contratación colectiva y una violación sistemática de lo establecido por la propia OIT al respecto en su convenio 98, mismo que ni siquiera ha sido ratificado por el gobierno mexicano.

La “sindicalización” corporativa, la corrupción, la represión, la existencia de bandas de golpeadores y pistoleros para disputarse contratos y controlar a los trabajadores, con la complicidad de las autoridades, es una realidad. Hasta hace apenas unos meses la Suprema Corte resolvió a favor del derecho de los trabajadores al voto secreto y sin coerción en los recuentos sindicales.

Además, la autonomía de los sindicatos auténticos es vulnerada constantemente por la intromisión abierta del estado. En general, el registro de sindicatos o reconocimiento de sus direcciones electas están sujetos a la mayor arbitrariedad de las autoridades laborales.

A las viejas prácticas se ha sumado en los últimos tiempos algo todavía más perverso: los sindicatos y contratos de protección patronal. Se trata de un negocio entre verdaderas mafias y empresas, incluyendo trasnacionales, que pactan “contratos” con “sindicatos” fantasmas con el desconocimiento absoluto de los trabajadores sobre su existencia y de sus supuestos dirigentes. Fenómenos como la expansión abusiva del “outsourcing” vulneran igualmente de manera cotidiana los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores.

Los trabajadores mexicanos deben atravesar un verdadero viacrucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen, perdiendo muchas veces su trabajo y arriesgando incluso su integridad física. En México, pues, no existe prácticamente el derecho de libre asociación sindical y contratación colectiva. Resulta entonces una cruel ironía y una simulación inadmisibles que el año pasado el gobierno mexicano haya sido admitido como integrante del Comité de Libertad Sindical de la OIT. En todo caso, debería estar más comprometido que nunca en respetar ese derecho.

Democratizar la vida laboral es indispensable para hablar en serio de democratización del país y de respeto a los derechos básicos en México.

Es por todas estas razones que se ha impuesto la necesidad de crear una instancia civil de peso internacional y de indiscutible calidad moral que juzgue y resuelva sobre este grave problema y, por tanto, los próximos días 26, 27 y 28 de octubre tendrá lugar en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la Ciudad de México la constitución y primera sesión del Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical en México.

Por todo lo antes expuesto,

CONVOCAMOS

a los sindicatos, grupos organizados y en general a las y los trabajadores, a presentar aquellos casos en los que consideren existen violaciones a los principios legales de la libertad sindical, nacionales e internacionales, con la finalidad de que la información aportada sea entregada a los jueces integrantes del Tribunal, sea analizada por ellos y sirva como base para normar su criterio y fallo final.

PLAZOS GENERALES

El plazo para la presentación de casos quedará abierto a partir de la emisión de esta Convocatoria y se cerrará el viernes 5 de octubre de 2009 para los casos que serán presentados en las audiencias públicas que se celebrarán durante la primera sesión del Tribunal, la cual tendrá verificación los días 26, 27 y 28 de octubre de 2009 en el ex templo de Corpus Christi, Av. Juárez 44, de 9 a 17 hrs.

La información deberá ser entregada o enviada a las oficinas del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, ubicadas en Tabasco 262, interior 102, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, en México, Distrito Federal.

Se anexa un formato que debe servir de base para la presentación de los casos: se incluye en dos versiones: una para el apartado A y otra para el B, cada una con un instructivo para clarificar algunas preguntas.

Aunque no es un requisito indispensable, podrá haber una presentación oral de los casos ante el Grupo Acusador –responsable de integrar la causa y expedientes a ser presentados al Jurado–, lo que podrá llevarse a cabo a partir del 28 de septiembre, desde las 17 horas, previa cita.

Después de celebrada la primera sesión del Tribunal, se podrá enviar información sobre nuevos casos al mismo domicilio. La segunda y última sesión del Tribunal, en la que emitirá su resolución final, se llevará a cabo del 28 al 30 de abril de 2010.

CONVOCANTES

Organizaciones internacionales: Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Federación Internacional del Transporte-Américas (ITF), Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), Federación de Sindicatos de Holanda (FNV), Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en México, Red de Solidaridad con las Maquiladoras (RMS-Canadá), Campaña Internacional contra los Contratos de Protección Patronal (CICPP)

Sindicatos mexicanos: Alianza de Tranviarios de México (ATM), Sindicato Minero Metalúrgico (SNTMMSC), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), Secciones 3, 7 y 9 del SNTE-CNTE, Sindicato 20 de Noviembre de la UVM, Sindicato de Trabajadores de la Vidriera del Potosí, Sindicato de Trabajadores del CONALEP, Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN)

Asociaciones mexicanas: Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión de Juristas de México (UJM), profesores del Área Laboral y de Seguridad Social de la UAM Azcapotzalco, Área de Derechos Humanos de la UACM, profesores e investigadores del Área Jurídico Laboral de la UNAM, Red de Abogados Laboralistas, Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)

El Tribunal Internacional de Libertad Sindical revisará los casos de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME); Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y de Trabajadores de la Vidriera del Potosí, así como el de la Unión Nacional de Técnicos Petroleros, que han sido víctimas, entre muchas otras organizaciones, de graves violaciones laborales.

Los agravios serán analizados por un jurado de “calidad moral”, integrado por el sacerdote Miguel Concha, la senadora Rosario Ibarra, el escritor y defensor de derechos humanos James Cockroft y la abogada laborista española Marta Olomo.

El tribunal empezará las sesiones el 26 de octubre. Esa instancia fue creada por iniciativa de más de 30 organizaciones nacionales e internacionales con el propósito de poner en marcha una “instancia civil de peso”para juzgar los graves conflictos que han surgido por el deterioro de la libertad sindical en México.Estará integrado por personalidades de alto perfil y compromiso social. Entre los integrantes del jurado están también el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; Luiz Guilermo Pérez, dirigente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Kjeld Jakobsen, presidente del Instituto Observatorio Social.

La inauguración estará a cargo de la senadora Rosario Ibarra, por el lado internacional, James D. Cockroft, por el jurado nacional irá Miguel Ángel Granados Chapa.

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Redvista cultural “La Guirnalda Polar”

Organizaciones guerrerenses exigen libertad de presos políticos y dan apoyo al FPDT

Difusión Cencos México D.F., 23 de octubre de 2009

Pronunciamiento

OSC de Guerrero

¡Libertad y justicia para los presos políticos!

Los pueblos indígenas y campesinos de México, compartimos una historia de ignominia y en lugar de que nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestras formas de vida comunitaria y nuestros valores relacionados con una democracia participativa fueran incorporados al patrimonio nacional y de la misma humanidad, los gobiernos se han casado con el libre mercado para prostituir nuestras civilizaciones mesoamericanas. Como pueblos indígenas y campesinos nunca nos hemos propuesto destruir otras culturas o hacerle la guerra a otros pueblos, tampoco nos obsesionamos por conquistarlos e imponerles otros nombres y otros gobiernos, no tenemos el mínimo interés de convertir a nuestras creencias a otras poblaciones ni montarnos en el poder para lucrar con la riqueza de todos.

Esta actitud respetuosa hacia los otros, la sociedad dominante y sus gobiernos criollos la han entendido como ingenuidad, debilidad y falta de raciocinio. Nos catalogan como menores de edad y siguen queriéndonos transar nuestro oro por espejitos, utilizando las leyes del dominador para someternos, coptarnos y hacernos sentir privilegiados de los gobiernos despóticos y caciquiles. Nuestra memoria colectiva, es el resplandor que sigue dándonos luces para no claudicar y no perder el camino de la dignidad y de nuestra identidad como pueblos diferenciados portadores de una gran civilización.

Hoy nos hemos visto obligados a recuperar nuestra palabra para colocarla en las plazas públicas y no nos hemos conformado únicamente con circular por las calles como seres sumisos, resignados a cargar con nuestras miserias. Ante los espacios cerrados y la falta de canales de diálogo, las calles son ahora nuestros espacios para expresarnos como pueblos, como sujetos con derecho, para reclamar a los gobiernos esa actitud insolente, soberbia y llena de desprecio y obligarlos a que cumplan con sus responsabilidades constitucionales y compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos.

Tenemos que levantar más la voz para decir que la protesta social, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y es el que nos permite ejercer nuestras libertades y los demás derechos fundamentales. Denunciar que las leyes son injustas para el pueblo empobrecido y que la forma de atender las demandas de la sociedad está conjugada con una guerra de baja intensidad que busca el control político de los pueblos para hacer invisible la impunidad y la corrupción de un sistema que quiere arrancar la esperanza de un nuevo modo de vivir en el sueño de la justicia.

El gobierno, al judicializar los conflictos y llevarlos a una lucha legal, le apuesta a un pleito largo y desgastante con los pueblos y prefiere dejar en las agencias de los ministerios públicos y los Juzgados un problema que tiene un origen social; el nuevo gobierno prefiere tener a los luchadores sociales en las cárceles porque le apuesta a la desmovilización y fragmentación de los pueblos pensando en que puede también encerrar los deseos de justicia y los sueños de libertad.

Las estadísticas de la represión nos hablan de un gobierno poco dialogante, autoritario e incapaz de dar respuestas a las demandas sociales. Lo policíaco ha suplantado a la política y las cárceles se han transformado en los nuevos recintos de la negociación política a través de un proceso penal.

Las 215 acciones penales contra luchadores sociales, la tortura, desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; el asesinato de líderes políticos y de periodistas, así como la militarización de la vida pública nos muestra un escenario adverso que nos anuncia un ambiente de confrontación política donde las autoridades hacen el triste papel de resguardar los intereses del gran capital, matando y encarcelando a los que trabajan por la justicia para todos.

En este ambiente de injusticia y de esperanza recibimos y saludamos a nuestros hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que es un movimiento legítimo y emblemático en el país. Ilustra la resistencia y la organización de los pueblos ante los intereses aviesos del capitalismo por privatizar los recursos naturales.

El gobierno panista, lacayo de las empresas trasnacionales, consideró una osadía la resistencia del pueblo de San Salvador Atenco y decidió utilizar los aparatos de seguridad para reprimir y avasallar a los campesinos organizados e intentar callarlos al encerrarlos en una cárcel.

El 4 de mayo del año 2006, fue un escenario de guerra preventiva donde el Estado inició una escalada represiva contra la sociedad civil organizada que a la fecha no ha cesado. El objetivo es desmantelar la organización social e infundir terror y miedo. En los acontecimientos violentos contra los campesinos de San Salvador, el Estado vulneró todos los derechos y libertades individuales, pisoteando la constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ejecutó, violó sexualmente a mujeres, encarceló injustamente a decenas de campesinos del FPDT, 12 de ellos a la fecha permanecen privados injustamente de su libertad. Se les han impuesto condenas que no se ajustan a la legalidad, como si se tratase de delincuentes de alta peligrosidad. Mientras que con la delincuencia organizada ha sido condescendiente y le ha permitido operar con toda impunidad.

La represión a los hermanos de San Salvador Atenco, fueron las señales funestas que anunciaban represión y muerte en contra de los que luchan y se organizan. A estos actos ilegales y represivos le siguió los acontecimientos en contra de la Asamblea Popolar de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El mismo patrón represivo tuvo lugar. Se cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos, con un saldo de 12 muertos y 200 heridos y decenas de detenidos.

Compartimos una historia de lucha y de represión. Hemos sido objeto de la persecución del Estado por defender a los que menos tienen. Al igual que los compañeros de San Salvador Atenco, en Guerrero se no ha reprimido, perseguido, encarcelado y asesinado. Decenas de compañeros de la CETEG han sido judicializados por luchar contra la privatización de la educación; los campesinos organizados de la Renacid han sido objeto del hostigamiento, represión y tortura por parte del Ejército mexicano; los integrantes del FPR cuyos dirigentes han sido encarcelados y hasta la fecha se encuentran procesados por luchar por mejores condiciones de vida para los que menos tienen. Tenemos decenas de presos políticos, cuyo único delito ha sido luchar por la justicia y por los derechos humanos. El caso de Raúl Hernández Abundio, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional es ejemplo de ello. Su pobreza y lucha por su pueblo, a los ojos del Estado representa un peligro y por ello decidió fabricar un expediente, para mantenerlo en prisión.

El estado y los dueños del capital en su afán de apropiarse de nuestros recursos naturales han ocupado nuestros territorios, pasando por encima de la Ley. Los casos de la Parota y de Carrizalillo son una muestra de despojo a los pueblos.

Es fundamental que los pueblos, prescindamos de los partidos políticos y unifiquemos la lucha, para frenar los intereses del capital, que intenta pisotearnos y despojarnos. El estado se ha puesto a su servicio y le ha abierto las puertas para que libremente pueda lucrar, mediante la creación de leyes y reformas a la constitución. La cámara de diputados traicionando a sus representados ha decidido impunemente aumentar los impuestos, que sangran más nuestra economía familiar, contribuyendo con ello aumentar las estadísticas de la pobreza y exclusión, mientras que una clase privilegiada se enriquece cada día más.

Por ellos desde esta Montaña, las organizaciones abajo firmantes exigimos:

- La libertad inmediata e incondicional de los 12 presos políticos de Atenco.

- Que cese la judicialización a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos.

- Alto a las ejecuciones extrajudiciales contra líderes indígenas, políticos y periodistas.

- Que se ubique y se sancione a los responsables de las ejecuciones contra líderes sociales a fin de que sus casos no queden en la impunidad.

- Libertad inmediata de Raúl Hernández Abundio y de todos los presos políticos del estado de Guerrero y del país.

Organizaciones firmantes:

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG)

Frente Popular Revolucionario (FPR)

Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID)

Escuela Normal Regional de la Montaña

Mesa de Resistencia Civil

Organización Vicente Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Unión de Campesinos e Indígenas de la Montaña (UCIM)

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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