Ernestina Godoy: justicia mexicana habla con acento de izquierda
Por primera vez en la historia de México, la Fiscalía General de la República está en manos de una abogada que viene de la izquierda social y de las luchas ciudadanas. Y por primera vez también, esa fiscal camina al lado de una presidenta que comparte el mismo origen histórico: Claudia Sheinbaum, formada en la izquierda universitaria y en los movimientos democráticos. Ese dato por sí solo ya es noticia. Pero el verdadero fondo del nombramiento de Ernestina Godoy es otro: por primera vez, el aparato penal más poderoso del Estado se pone en manos de alguien que se hizo defendiendo víctimas, observando elecciones, acompañando procesos de paz y peleando contra la impunidad desde abajo.
Ernestina Godoy nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1954 y es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Su biografía rompe con el molde del “fiscal de élite”. Tras el sismo de 1985 asesoró gratuitamente a damnificados; fue fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; participó en Alianza Cívica, una de las principales plataformas de observación electoral independiente; y representó a la sociedad civil en el seguimiento de los Acuerdos de San Andrés, en el contexto del conflicto con el EZLN. Es decir: se formó en el terreno donde la ley se cruza con la injusticia cotidiana, no en los grandes despachos corporativos.
En el servicio público capitalino, Godoy ha pasado por los espacios más duros del territorio. Fue responsable de áreas jurídicas y de desarrollo en Iztapalapa, la demarcación más poblada y con más carencias de la ciudad. Después, como funcionaria del gobierno del entonces Distrito Federal, trabajó en la Procuraduría Social y en la Consejería Jurídica. Esa experiencia le permitió ver, desde dentro, cómo se produce la desigualdad en la vivienda, cómo operan las mafias que capturan el espacio público y de qué manera la burocracia puede agravar o aliviar la vida de la gente común.
En política, su trayectoria es igual de consistente. Militó en el PRD, donde fue presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, una instancia que resolvía conflictos internos y que exigía autoridad moral y capacidad jurídica. Más tarde se sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en una de las fundadoras de Morena. Fue diputada local en la Asamblea Legislativa, diputada federal por Iztapalapa y diputada del nuevo Congreso de la Ciudad de México, donde coordinó al grupo parlamentario de Morena y presidió la Junta de Coordinación Política. Desde ahí impulsó reformas en materia de justicia, acceso a derechos y combate a la violencia de género, construyendo una imagen de legisladora firme, pero cercana a los movimientos sociales.
El momento clave de su carrera llegó en 2018, cuando Claudia Sheinbaum la propuso para encabezar la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Con la reforma que transformó esa institución en Fiscalía, se convirtió en la primera Fiscal General de Justicia capitalina. Su gestión se caracterizó por tres ejes: coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch, impulso a fiscalías especializadas en delitos de género y feminicidios, y fortalecimiento de las áreas de análisis criminal para perseguir estructuras delictivas, no sólo individuos aislados. Informes oficiales del gobierno capitalino han insistido en que, durante esos años, bajaron los delitos de alto impacto como el homicidio y el robo con violencia, y se comenzó a desarticular redes de corrupción inmobiliaria y de extorsión que parecían intocables.
Ahí se probó una fórmula que hoy llega a nivel nacional: Sheinbaum en la conducción política, Harfuch en la seguridad y Godoy en la justicia. En la Ciudad de México, esa triada permitió mostrar que el discurso de “abrazos, no balazos” no estaba peleado con la inteligencia policial ni con la acción penal contra las mafias. En la práctica, se combinaron operativos quirúrgicos, investigaciones complejas y una narrativa pública donde la autoridad fue obligada a rendir cuentas con datos. Esa experiencia compartida explica por qué, al llegar a la Presidencia, Sheinbaum vuelve a apostar por el mismo equipo para la etapa más delicada: la transformación de la Fiscalía General de la República.
El 3 de diciembre de 2025, el Senado de la República nombró a Ernestina Godoy fiscal general para un periodo de nueve años. Obtuvo 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, le tomó la protesta, y los distintos grupos parlamentarios fijaron postura. Morena subrayó su trayectoria al lado de las víctimas y su historia en la izquierda social; el Partido Verde habló de su papel en la construcción de la paz; el PT defendió la necesidad de una Fiscalía con “rostro humano”; Movimiento Ciudadano destacó que Godoy aceptara propuestas para una reingeniería institucional con enfoque científico. Incluso las bancadas opositoras, aunque expresaron reservas, reconocieron la urgencia de que la FGR deje de ser una institución lejana y se convierta en una verdadera piedra angular de la justicia.
Pero más allá de los discursos en el Senado, son las propias palabras de Godoy las que mejor explican el sentido de su nombramiento. Al asumir el cargo, lanzó una promesa que marca la ruta: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política; pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad”. La frase no es menor en un país donde durante décadas se han usado los expedientes penales para ajustar cuentas políticas o para simular justicia con chivos expiatorios. Cuando una fiscal general formada en el activismo social dice “no fabricaremos culpables”, está enviando un mensaje directo a los viejos métodos de tortura, montaje y linchamiento mediático.
En esa misma línea, Godoy subrayó: “Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión; se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derechos humanos, pues la Fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad”. Es una frase que vale la pena detenerse a leer dos veces. La nueva fiscal entiende que la FGR no sólo está obligada a perseguir delincuentes, sino también a vigilarse a sí misma. Una fiscalía que viola la ley destruye el piso ético de todo el sistema. Por eso insiste en que los protocolos contra la tortura y los tratos crueles se refuercen y en que ningún ministerio público pueda escudarse en la impunidad institucional.
Otro eje de su mensaje fue el compromiso personal con la probidad: “Las y los mexicanos pueden confiar en mi lealtad a la Constitución, a la ley, a las instituciones públicas y al respeto a los derechos humanos, así como en mi compromiso de obrar de manera moral, ética y con profesionalismo”. No son palabras decorativas: vienen de una abogada que lleva décadas trabajando con colectivos de víctimas, movimientos democráticos y organizaciones civiles. Cuando Ernestina Godoy habla de lealtad, no se refiere sólo al gobierno en turno; se refiere a una biografía completa de congruencia con la idea de que la ley debe ser un escudo para los débiles, no un arma de los poderosos.
Y quizá la frase que mejor condensa su filosofía es una que debería quedar grabada en la memoria pública: “La procuración de justicia que propongo es aquella leal a los bienes y valores de la patria, sin ninguna posibilidad de negociación: la justicia no se negocia”. En tiempos donde muchas decisiones parecen reducirse a cálculos de coyuntura, que la fiscal general diga “la justicia no se negocia” es trazar una línea roja. No significa que desaparezcan los equilibrios políticos, pero sí que su propio compromiso público está anclado en una idea simple y contundente: quien cometa un delito debe saber que puede ser perseguido y sentenciado; quien sea víctima debe saber que será protegida, defendida y que se buscará reparar el daño.
Todo esto ocurre, además, en un contexto histórico excepcional. Por primera vez, una primera fiscal general de origen izquierdista acompaña a la primera presidenta que viene de la izquierda social mexicana. Las dos se formaron en la UNAM, en movimientos estudiantiles, en luchas por la democracia y en la defensa de causas populares. Las dos han trabajado con equipos técnicos probados, con colaboradores que han demostrado capacidad en la seguridad, en la procuración de justicia y en la elaboración de políticas públicas. Ese tándem Sheinbaum–Godoy no garantiza por sí mismo el éxito, pero sí coloca en la cúspide del Estado a dos mujeres que conocen el lenguaje de las víctimas, de los barrios y de los movimientos, no sólo el de los escritorios.
Por eso, celebrar el nombramiento de Ernestina Godoy no es un acto de fe ciega, sino un reconocimiento a una trayectoria coherente: abogada de damnificados antes que funcionaria; fundadora de organizaciones democráticas antes que dirigente partidista; fiscal que ha trabajado con importantes colaboradores y equipos técnicos antes que figura decorativa. Hoy da un paso más, enorme, al frente de la institución llamada a investigar la corrupción, el crimen organizado, la violencia contra las mujeres y las violaciones de derechos humanos más graves.
La historia dirá qué tanto de estas promesas se cumple. Pero el punto de partida importa. Y el punto de partida, esta vez, es una fiscal general que viene de la izquierda social, que ha dicho con todas sus letras que no negociará la justicia y que llega acompañada por la primera presidenta de México que también surge de ese mismo tronco histórico. En un país marcado por décadas de impunidad, eso ya es, en sí mismo, una buena noticia.
