PROFESOR VENEZOLANO DENUNCIA A MICHELETTI ANTE CORTE DE LA HAYA
«Comité de Solidaridad con
el Pueblo y Gobierno de Honduras»
LOS INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PÁGINA:
htpp://groups.google.cl/group/comite-político-ubv-bolivar?hl=es
El Profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Fernando
Henríquez Conejeros, ciudadano venezolano, denunció penalmente, ante
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al Presidente de Facto
Micheletti y a los instigadores del Golpe y a sus colaboradores.
Hoy, nuestro Comité, se permite invitar a la Comunidad Universitaria
toda a adherirse a la Denuncia Penal presentada y sostenida por él y
en contra de todos los artífices del Golpe de Estado en Honduras ante
la citada Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Solidaridad, agitación, cambio, reinstalación, reconstrucción,
derechos humanos…
Cordialmente,
Profesores, estudiantes y trabajadores del Comité de Solidaridad con
Honduras.
«Comité de Solidaridad con
el Pueblo y Gobierno de Honduras»
Ciudad Bolívar.
República Bolivariana de Venezuela.
.
Señores
Movimiento Costarricense de Solidaridad con Honduras (MSCH).
Estimados Señores:
Los abajo firmantes, por sí y en representación de las Organizaciones
políticas y sociales invocadas, manifiestan su férrea y clara voluntad
de adherirse a la denuncia penal presentada ante la Corte
Internacional de Justicia, con sede en la Haya, Holanda contra los
violadores de los Derechos Humanos en la nación centroamericana de
Honduras y a propósito del Golpe de Estado que se viene desarrollando
a partir del 28 de junio de 2009. Rogamos a ustedes hagan mención a
la presente denuncia, en la reunión que se efectuará el lunes 5 de
octubre de 2009 en la sede de la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE),
En consecuencia, acogemos plenamente su llamado y nos adherimos, sin
más, al documento adjunto, en todos sus puntos, dirigido al Ciudadano
Luís Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional La
Haya-Holanda, sin perjuicio de la información que, por vía directa, le
hagamos llegar.
Salud, agitación, cambio, solidaridad, justicia, Derechos Humanos
Atentamente,
Ciudadano chileno
Ramón Henríquez Conejeros
Cédula de Identidad: 6.378-634-9, Asesor Legal, Dom. : Av. Pedro
Montt, 1391, Santiago, Chile.
E- Mail RHConejeros@Gmail.com
Comité de Solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Honduras.
Santiago de Chile,
Se adhiere a la denuncia el
Comité de Solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Honduras.
Universidad Bolivariana de Venezuela
Ciudad Bolívar
República Bolivariana de Venezuela.
Profesor Fernando Henríquez C.,
Cedula de Identidad venezolana 12.150.311
JcantaClaro@Gmail.com
Nota: Entendemos –y aceptamos- que la documentación será fechada en
San José, Costa Rica, el cinco de octubre de 2009, y que para
cualquier citación, notificación, informe o noticia que guarde
relación directa o indirecta con el presente escrito se señala como
domicilio único y excluyente el siguiente: 150 metros al sur del
Colegio de Señoritas, Oficinas de APSE, San José, Costa Rica.,
siendo el Correo Único y Oficial para recibir comunicaciones el
siguiente:
mocoso.honduras@gmail.com”.
El documento, que será enviado a la Corte Penal Internacional es el
siguiente:
Ciudadano:
Luís Moreno Ocampo
Fiscal General de la Corte Penal Internacional
La Haya-Holanda
Nosotros, los abajo firmantes cuya calidades se señalan igualmente al
pie del presente documento, actuando individualmente y como
representante de distintas organizaciones no gubernamentales en
nuestro propio nombre y en el de las organizaciones que representamos,
con la venia de estilo, nos dirigimos a usted con el objeto de
constituirnos en terceros intervinientes coadyuvante de la denuncia
presentada mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2009, ante
esa ilustre Secretaría de la Corte Penal Internacional por los
ciudadanos Manuel Ollé Sesé y Guillermo Pérez Casa, Presidente de la
Asociación Pro Derechos Humanos de España y Secretario General de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), respectivamente y
en ese orden, cuyas calidades consta en el escrito de referencia, para
que se investiguen y acuses del crimen de persecución política a los
ciudadanos Roberto Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García
Padgett, Luís Javier Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez;
Daniel López Carballo, Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billy Joya
Améndola, Jorge Alberto Rivera Avilez, Luís Alberto Rubí Ávila, José
Alfredo Saavedra Paz, Carlos Roberto Flores Facussé, José Canahuati
Larach y José Rafael Ferrari con ocasión del Golpe de Estado
perpetrado en la República de Honduras en contra del Pueblo de esa
Nación hermana y del Gobierno Constitucional del Presidente Manuel
Zelaya Rosales.
Honduras es el país de Centroamérica que presenta uno de los cuadros
más fuertes de inequidad e inmovilización social, con un poco más de
siete millones de habitantes, el 66 por ciento vive debajo de la línea
de la pobreza y un aproximado del 48 por ciento en la indigencia, lo
que lo convierte en un país de alta vulnerabilidad.
Honduras ha vivido una frágil institucionalidad y una débil
democracia durante los últimos 15 años y aunque esto no significaba
un triunfo sobre el autoritarismo las reformas iniciadas en la
segunda mitad de los noventas apuntaban a una inclinación al sistema
político social. Las reformas constitucionales del año 2001 parecían
apegarse a la voluntad de dejar atrás el militarismo, limitaban las
funciones de las fuerzas armadas a la defensa de la soberanía nacional
y del territorio, también atribuía al presidente de la República
amplias potestades sobre todas las fuerzas armadas y del orden.
Pero el grave peligro se desarrolló el 28 de junio del año 2009,
cuando las autoridades del Congreso Nacional y militares confabulados
sediciosamente propinaban un Golpe de Estado Convalidado por la Corte
Suprema de Justicia, la Empresa Privada e iglesias. Todos legitimando
el estamento del militarismo con discurso democrático de conveniencia
y movilizaciones a los cuarteles militares para saludar a la Junta de
Comandantes.
Desde la declaratoria sobre los resultados de las elecciones en
noviembre de 2005, El Presidente Zelaya heredo un conflicto entre
empresarios de medios de comunicación que contribuyeron a la
polarización entre el ejecutivo y los poderes reconocidos y ocultos.
El proceso del Alba, la Firma de Petrocaribe, el traslado del
Aeropuerto a Palmerola, la firma de decretos ejecutivos como el
salario mínimo, el decreto 18-2008 y otros, allanaron el camino de la
agudizaron y radicalización de las posiciones.
El golpe de Estado ocurrió el mismo día en que tendría lugar la
consulta ciudadana de carácter no vinculante, convocada por el
Presidente Constitucional Manuel Zelaya, respecto a la necesidad de
de que la ciudadanía se pronunciará sobre cambiar la Constitución,
redactada en 1982, cuando el país recién venía saliendo de una
dictadura militar –apoyada por EEUU- extremadamente brutal que detentó
el poder desde 1972 a 1981, pero que continuo ostentando el poder a
todo lo largo de la década de los años ochenta, donde no solo tenía la
garantía de total impunidad sino que el instituto de previsión militar
había emprendido una escalada contra el sector industrial, financiero
y comercial y conservaba las gerencia y direcciones claves de las
instituciones estatales.
La consulta tenía el componente de la transición de una democracia
representativa a una democracia participativa como lo demanda el
contexto actual y el movimiento de derechos humanos emergentes donde
la participación es la pieza de centro de los derechos humanos en la
globalidad.
No obstante, lo que la Organización de Estado Americanos califico como
un proceso democrático de consulta al pueblo, fue deslegitimado en
Honduras por la confabulación en el que por primera vez se observaba
un consorcio bien establecido ente los medios de comunicación, la
iglesia y los conservadores. Al mismo tiempo las fuerzas golpistas
cerraban filas tras un telón de comedias jurídicas, la comunidad
internacional condenaba el golpe y en el término de 72 horas Honduras
fue expulsada de la OEA.
Las Naciones Unidas y el Bloque de países no alineados se unían a las
condenas y las organizaciones internacionales de Protección de los
derecho humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, El
Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional, El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos humanos – en adelante CIDH-, exigían a los
poderes constituidos respetar los derechos Humanos; la CIDH ha
exigido en forma reiterada ser invitada para verificar in situ la
realidad de los derechos humanos, a doce días del Golpe había emitido
medidas cautelares para un promedio de 80 personas.
El escenario post Golpe tiene graves implicaciones para los derechos
humanos, desde el mismo día se le impidió a la población el derecho
a la información al interrumpir el fluido eléctrico, y militarizar
las torres de controles y transmisiones de diferentes medios de
comunicación. La línea internacional de Hondutel fue inhabilitada
medida que se mantuvo hasta el 01 de julio a la 5:00 p.m. El 29 de
junio la Empresa Estatal de Comunicaciones fue militarizada y sus
empleados desalojados. La Empresa de Energía Eléctrica se militarizo
desde el 29 de junio a las cinco de la mañana y tres de los empleados
de turno fueron capturados. La Casa de Gobierno fue de los primeros
lugares en ser tomada por el ejército desde el día 28, le siguieron el
Congreso Nacional, el Ministerio Público, La Armería y La Corte
Suprema de Justicia, es decir todos los poderes se encuentran
secuestrados por los golpistas.
Se movilizaron tanquetas, comandos especiales, helicópteros y jets
A-37 que infundía el temor en la población. Los helicópteros Bell
412, con artillería pesada, sobrevolaban a baja altura las principales
ciudades y la desinformación comenzó a fluir con el objetivo de
desmovilizar a la población.
Las fuerzas golpistas, ordenaron la suspensión de garantías
constitucionales sin seguir el procedimiento que establece la
Constitución en su artículo 187, la medida fue comunicada en forma
verbal, minutos después que fue juramentado el Presidente de Facto y
fue hasta el 30 de junio que lo formalizaron pero no lo publicaron y
en forma verbal sufrió constantes modificaciones, por ejemplo el 05
de julio que se realizo una multitudinaria manifestación contra el
Golpe que se concentro en el Aeropuerto Toncontin y que dejo decenas
de heridos y un joven muerto, los golpistas llamaron a cadena
nacional a todos los medios de comunicación y con 20 minutos de
antelación informaron que el toque de queda se aplicaría a partir de
las 6:30 cuando los manifestantes aún permanecían frente a las
instalaciones portuarias. Ese mismo día el aeropuerto fue cerrado a
todos los vuelos y se abrió hasta el 08 de julio.
El Decreto Ejecutivo 011-2009, formalizo la suspensión de los
artículos 69, sobre la Libertad Personal; el 71, Detención e
incomunicación por más de 24 horas; 78, Libertad de Asociación y de
reunión y; 81 Libre circulación. Por el efecto que produce la
suspensión el decreto establece en la práctica un estado de sitio no
declarado. Mismo que fue dejado sin valor y efecto hasta el 12 de
julio, 15 días des pues de haber sido establecido y ha sido
reestablecido nuevamente, con una ampliación sobre prácticamente todos
los derechos y garantías individuales desde que el Presidente Manuel
Zelaya pudo entrar al país y refugiarse en la Embajada de la República
Federativa del Brasil, semanas atrás.
Por las tendencias se podría deducir que el golpe no se podrá mantener
por mucho tiempo pero el retroceso en materia de institucionalidad y
confianza en el sistema democrático y el respeto irrestricto a los
derechos humanos sufrió una involución de 30 años y se ha iniciado
nuevamente la persecución contra opositores políticos e ideológicos.
En virtud de lo anterior, damos por reproducido y hacemos nuestros los
argumentos de hecho presentados ante ese organismo internacional
permanente de justicia por los ciudadanos Manuel Ollé Sesé y Guillermo
Pérez Casa, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), respectivamente y en ese orden, en virtud que existe
actualmente una persecución por razones política que se practica de
forma reiterada, sistemática y masiva en contra del pueblo de
Honduras, al cual las organizaciones sociales de Centroamérica no
podemos ser indiferentes.
Por tanto, los abajo identificados y firmantes consideramos que se
encuentran llenos los extremos, requisitos y condiciones para iniciar
una investigación penal en contra de los ciudadanos: Roberto
Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luís Javier
Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo,
Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto
Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz,
Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael
Ferrari
Asimismo, como quiera que se tratan hechos notorios y por tanto
relevados de toda prueba, por tratarse de situaciones que, a pesar del
veto comunicacional, la censura previa y la autocensura, se han
destacado como hecho noticioso presentado por las cadenas de
televisión más prestigiosas, se observan que existen suficientes
indicios de que la represión ha aumentado incluso se han suscitado
hechos en contra de una representación diplomática, la de la República
Federativa de Brasil en Tegucigalpa, violándose el derecho
internacional convencional, solicitamos se dicte medida preventiva de
privación de libertad en contra de los siguientes ciudadanos: Roberto
Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luis Javier
Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo,
Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto
Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz,
Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael
Ferrari
En San José, cinco de octubre de 2009.
Para cualquier citación, notificación, informe o noticia que guarde
relación directa o indirectamente con el presente escrito señalamos
como domicilio único y excluyente el siguiente: 150 metros al sur del
Colegio de Señoritas, Oficinas de APSE, San José, Costa Rica. Nuestro
Correo Único y Oficial para recibir comunicaciones es el siguiente:
mocoso.honduras@gmail.com”.
LOS INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PÁGINA:
htpp://groups.google.cl/group/comite-político-ubv-bolivar?hl=es
También les invitamos a ver estos videos, verdaderos atentados contra
el Derecho Internacional y los Derechos Humanos:
http://www.youtube.com/watch?v=V29toFjw_Og
http://www.youtube.com/watch?v=3E_MQM7hUqo
PROFESOR VENEZOLANO DENUNCIA A MICHELETTI ANTE CORTE DE LA HAYA
«Comité de Solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Honduras»
LOS INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PÁGINA:
htpp://groups.google.cl/group/comite-político-ubv-bolivar?hl=es
El Profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Fernando
Henríquez Conejeros, ciudadano venezolano, denunció penalmente, ante
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al Presidente de Facto
Micheletti y a los instigadores del Golpe y a sus colaboradores.
Hoy, nuestro Comité, se permite invitar a la Comunidad Universitaria
toda a adherirse a la Denuncia Penal presentada y sostenida por él y
en contra de todos los artífices del Golpe de Estado en Honduras ante
la citada Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Solidaridad, agitación, cambio, reinstalación, reconstrucción,
derechos humanos…
Cordialmente,
Profesores, estudiantes y trabajadores del Comité de Solidaridad con
Honduras.
«Comité de Solidaridad con
el Pueblo y Gobierno de Honduras»
Ciudad Bolívar.
República Bolivariana de Venezuela.
.
Señores
Movimiento Costarricense de Solidaridad con Honduras (MSCH).
Estimados Señores:
Los abajo firmantes, por sí y en representación de las Organizaciones
políticas y sociales invocadas, manifiestan su férrea y clara voluntad
de adherirse a la denuncia penal presentada ante la Corte
Internacional de Justicia, con sede en la Haya, Holanda contra los
violadores de los Derechos Humanos en la nación centroamericana de
Honduras y a propósito del Golpe de Estado que se viene desarrollando
a partir del 28 de junio de 2009. Rogamos a ustedes hagan mención a
la presente denuncia, en la reunión que se efectuará el lunes 5 de
octubre de 2009 en la sede de la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE),
En consecuencia, acogemos plenamente su llamado y nos adherimos, sin
más, al documento adjunto, en todos sus puntos, dirigido al Ciudadano
Luís Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional La
Haya-Holanda, sin perjuicio de la información que, por vía directa, le
hagamos llegar.
Salud, agitación, cambio, solidaridad, justicia, Derechos Humanos
Atentamente,
Ciudadano chileno
Ramón Henríquez Conejeros
Cédula de Identidad: 6.378-634-9, Asesor Legal, Dom. : Av. Pedro
Montt, 1391, Santiago, Chile.
E- Mail RHConejeros@Gmail.com
Comité de Solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Honduras.
Santiago de Chile,
Se adhiere a la denuncia el
Comité de Solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Honduras.
Universidad Bolivariana de Venezuela
Ciudad Bolívar
República Bolivariana de Venezuela.
Profesor Fernando Henríquez C.,
Cedula de Identidad venezolana 12.150.311
JcantaClaro@Gmail.com
Nota: Entendemos –y aceptamos- que la documentación será fechada en
San José, Costa Rica, el cinco de octubre de 2009, y que para
cualquier citación, notificación, informe o noticia que guarde
relación directa o indirecta con el presente escrito se señala como
domicilio único y excluyente el siguiente: 150 metros al sur del
Colegio de Señoritas, Oficinas de APSE, San José, Costa Rica.,
siendo el Correo Único y Oficial para recibir comunicaciones el
siguiente:
mocoso.honduras@gmail.com”.
El documento, que será enviado a la Corte Penal Internacional es el
siguiente:
Ciudadano:
Luís Moreno Ocampo
Fiscal General de la Corte Penal Internacional
La Haya-Holanda
Nosotros, los abajo firmantes cuya calidades se señalan igualmente al
pie del presente documento, actuando individualmente y como
representante de distintas organizaciones no gubernamentales en
nuestro propio nombre y en el de las organizaciones que representamos,
con la venia de estilo, nos dirigimos a usted con el objeto de
constituirnos en terceros intervinientes coadyuvante de la denuncia
presentada mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2009, ante
esa ilustre Secretaría de la Corte Penal Internacional por los
ciudadanos Manuel Ollé Sesé y Guillermo Pérez Casa, Presidente de la
Asociación Pro Derechos Humanos de España y Secretario General de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), respectivamente y
en ese orden, cuyas calidades consta en el escrito de referencia, para
que se investiguen y acuses del crimen de persecución política a los
ciudadanos Roberto Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García
Padgett, Luís Javier Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez;
Daniel López Carballo, Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billy Joya
Améndola, Jorge Alberto Rivera Avilez, Luís Alberto Rubí Ávila, José
Alfredo Saavedra Paz, Carlos Roberto Flores Facussé, José Canahuati
Larach y José Rafael Ferrari con ocasión del Golpe de Estado
perpetrado en la República de Honduras en contra del Pueblo de esa
Nación hermana y del Gobierno Constitucional del Presidente Manuel
Zelaya Rosales.
Honduras es el país de Centroamérica que presenta uno de los cuadros
más fuertes de inequidad e inmovilización social, con un poco más de
siete millones de habitantes, el 66 por ciento vive debajo de la línea
de la pobreza y un aproximado del 48 por ciento en la indigencia, lo
que lo convierte en un país de alta vulnerabilidad.
Honduras ha vivido una frágil institucionalidad y una débil
democracia durante los últimos 15 años y aunque esto no significaba
un triunfo sobre el autoritarismo las reformas iniciadas en la
segunda mitad de los noventas apuntaban a una inclinación al sistema
político social. Las reformas constitucionales del año 2001 parecían
apegarse a la voluntad de dejar atrás el militarismo, limitaban las
funciones de las fuerzas armadas a la defensa de la soberanía nacional
y del territorio, también atribuía al presidente de la República
amplias potestades sobre todas las fuerzas armadas y del orden.
Pero el grave peligro se desarrolló el 28 de junio del año 2009,
cuando las autoridades del Congreso Nacional y militares confabulados
sediciosamente propinaban un Golpe de Estado Convalidado por la Corte
Suprema de Justicia, la Empresa Privada e iglesias. Todos legitimando
el estamento del militarismo con discurso democrático de conveniencia
y movilizaciones a los cuarteles militares para saludar a la Junta de
Comandantes.
Desde la declaratoria sobre los resultados de las elecciones en
noviembre de 2005, El Presidente Zelaya heredo un conflicto entre
empresarios de medios de comunicación que contribuyeron a la
polarización entre el ejecutivo y los poderes reconocidos y ocultos.
El proceso del Alba, la Firma de Petrocaribe, el traslado del
Aeropuerto a Palmerola, la firma de decretos ejecutivos como el
salario mínimo, el decreto 18-2008 y otros, allanaron el camino de la
agudizaron y radicalización de las posiciones.
El golpe de Estado ocurrió el mismo día en que tendría lugar la
consulta ciudadana de carácter no vinculante, convocada por el
Presidente Constitucional Manuel Zelaya, respecto a la necesidad de
de que la ciudadanía se pronunciará sobre cambiar la Constitución,
redactada en 1982, cuando el país recién venía saliendo de una
dictadura militar –apoyada por EEUU- extremadamente brutal que detentó
el poder desde 1972 a 1981, pero que continuo ostentando el poder a
todo lo largo de la década de los años ochenta, donde no solo tenía la
garantía de total impunidad sino que el instituto de previsión militar
había emprendido una escalada contra el sector industrial, financiero
y comercial y conservaba las gerencia y direcciones claves de las
instituciones estatales.
La consulta tenía el componente de la transición de una democracia
representativa a una democracia participativa como lo demanda el
contexto actual y el movimiento de derechos humanos emergentes donde
la participación es la pieza de centro de los derechos humanos en la
globalidad.
No obstante, lo que la Organización de Estado Americanos califico como
un proceso democrático de consulta al pueblo, fue deslegitimado en
Honduras por la confabulación en el que por primera vez se observaba
un consorcio bien establecido ente los medios de comunicación, la
iglesia y los conservadores. Al mismo tiempo las fuerzas golpistas
cerraban filas tras un telón de comedias jurídicas, la comunidad
internacional condenaba el golpe y en el término de 72 horas Honduras
fue expulsada de la OEA.
Las Naciones Unidas y el Bloque de países no alineados se unían a las
condenas y las organizaciones internacionales de Protección de los
derecho humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, El
Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional, El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos humanos – en adelante CIDH-, exigían a los
poderes constituidos respetar los derechos Humanos; la CIDH ha
exigido en forma reiterada ser invitada para verificar in situ la
realidad de los derechos humanos, a doce días del Golpe había emitido
medidas cautelares para un promedio de 80 personas.
El escenario post Golpe tiene graves implicaciones para los derechos
humanos, desde el mismo día se le impidió a la población el derecho
a la información al interrumpir el fluido eléctrico, y militarizar
las torres de controles y transmisiones de diferentes medios de
comunicación. La línea internacional de Hondutel fue inhabilitada
medida que se mantuvo hasta el 01 de julio a la 5:00 p.m. El 29 de
junio la Empresa Estatal de Comunicaciones fue militarizada y sus
empleados desalojados. La Empresa de Energía Eléctrica se militarizo
desde el 29 de junio a las cinco de la mañana y tres de los empleados
de turno fueron capturados. La Casa de Gobierno fue de los primeros
lugares en ser tomada por el ejército desde el día 28, le siguieron el
Congreso Nacional, el Ministerio Público, La Armería y La Corte
Suprema de Justicia, es decir todos los poderes se encuentran
secuestrados por los golpistas.
Se movilizaron tanquetas, comandos especiales, helicópteros y jets
A-37 que infundía el temor en la población. Los helicópteros Bell
412, con artillería pesada, sobrevolaban a baja altura las principales
ciudades y la desinformación comenzó a fluir con el objetivo de
desmovilizar a la población.
Las fuerzas golpistas, ordenaron la suspensión de garantías
constitucionales sin seguir el procedimiento que establece la
Constitución en su artículo 187, la medida fue comunicada en forma
verbal, minutos después que fue juramentado el Presidente de Facto y
fue hasta el 30 de junio que lo formalizaron pero no lo publicaron y
en forma verbal sufrió constantes modificaciones, por ejemplo el 05
de julio que se realizo una multitudinaria manifestación contra el
Golpe que se concentro en el Aeropuerto Toncontin y que dejo decenas
de heridos y un joven muerto, los golpistas llamaron a cadena
nacional a todos los medios de comunicación y con 20 minutos de
antelación informaron que el toque de queda se aplicaría a partir de
las 6:30 cuando los manifestantes aún permanecían frente a las
instalaciones portuarias. Ese mismo día el aeropuerto fue cerrado a
todos los vuelos y se abrió hasta el 08 de julio.
El Decreto Ejecutivo 011-2009, formalizo la suspensión de los
artículos 69, sobre la Libertad Personal; el 71, Detención e
incomunicación por más de 24 horas; 78, Libertad de Asociación y de
reunión y; 81 Libre circulación. Por el efecto que produce la
suspensión el decreto establece en la práctica un estado de sitio no
declarado. Mismo que fue dejado sin valor y efecto hasta el 12 de
julio, 15 días des pues de haber sido establecido y ha sido
reestablecido nuevamente, con una ampliación sobre prácticamente todos
los derechos y garantías individuales desde que el Presidente Manuel
Zelaya pudo entrar al país y refugiarse en la Embajada de la República
Federativa del Brasil, semanas atrás.
Por las tendencias se podría deducir que el golpe no se podrá mantener
por mucho tiempo pero el retroceso en materia de institucionalidad y
confianza en el sistema democrático y el respeto irrestricto a los
derechos humanos sufrió una involución de 30 años y se ha iniciado
nuevamente la persecución contra opositores políticos e ideológicos.
En virtud de lo anterior, damos por reproducido y hacemos nuestros los
argumentos de hecho presentados ante ese organismo internacional
permanente de justicia por los ciudadanos Manuel Ollé Sesé y Guillermo
Pérez Casa, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), respectivamente y en ese orden, en virtud que existe
actualmente una persecución por razones política que se practica de
forma reiterada, sistemática y masiva en contra del pueblo de
Honduras, al cual las organizaciones sociales de Centroamérica no
podemos ser indiferentes.
Por tanto, los abajo identificados y firmantes consideramos que se
encuentran llenos los extremos, requisitos y condiciones para iniciar
una investigación penal en contra de los ciudadanos: Roberto
Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luís Javier
Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo,
Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto
Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz,
Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael
Ferrari
Asimismo, como quiera que se tratan hechos notorios y por tanto
relevados de toda prueba, por tratarse de situaciones que, a pesar del
veto comunicacional, la censura previa y la autocensura, se han
destacado como hecho noticioso presentado por las cadenas de
televisión más prestigiosas, se observan que existen suficientes
indicios de que la represión ha aumentado incluso se han suscitado
hechos en contra de una representación diplomática, la de la República
Federativa de Brasil en Tegucigalpa, violándose el derecho
internacional convencional, solicitamos se dicte medida preventiva de
privación de libertad en contra de los siguientes ciudadanos: Roberto
Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luis Javier
Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo,
Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto
Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz,
Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael
Ferrari
En San José, cinco de octubre de 2009.
Para cualquier citación, notificación, informe o noticia que guarde
relación directa o indirectamente con el presente escrito señalamos
como domicilio único y excluyente el siguiente: 150 metros al sur del
Colegio de Señoritas, Oficinas de APSE, San José, Costa Rica. Nuestro
Correo Único y Oficial para recibir comunicaciones es el siguiente:
mocoso.honduras@gmail.com”.
También les invitamos a ver estos videos, verdaderos atentados contra
el Derecho Internacional y los Derechos Humanos:
http://www.youtube.com/watch?v=V29toFjw_Og
http://www.youtube.com/watch?v=3E_MQM7hUqo
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