tlahuaca Oaxaca, México, a 29 de enero de 2012.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Presente
Asunto: Medidas cautelares MC 197-10 San Juan Copala Oaxaca.
El día de hoy se cumplen tres días de bloqueos carreteros ordenados
por el gobierno del estado de Oaxaca para impedir el retorno de la
Comunidad de San Juan Copala a sus hogares.
Con anterioridad hemos enviado exhortos a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para su intervención inmediata dada la agresión
constante y permanente que sufren los miembros de la comunidad
indígena por parte del gobierno de Gabino Cue, por medio de retenes
policiacos quien desde la fecha de salida de la caravana de retorno
de los desplazados del zócalo de Oaxaca el medio día del viernes.
Anexamos a este documento la imagen en archivo electrónico del
Convenio que suscribieron por una parte los beneficiarios de las
Medida Cautelar 197-10 de la comunidad de San Juan Copala y por otra
parte el señor Jesús Emilio Martínez Álvarez en su carácter de
Secretario General de Gobierno de estado de Oaxaca, con el objeto de
dar cumplimiento a las medidas cautelares 197-10 solicitada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este documento fechado el día 17 de diciembre del año 2011, a la letra
dice en su segundo acuerdo:
“Segunda: El gobierno del Estado (de Oaxaca. Nota del FPCV) garantiza
el retorno de los beneficiarios a la comunidad de San Juan Copala,
teniendo como plazo el 20 de enero de 2012” (página 2 del documento)”.
Sin embargo el gobierno del estado la noche del día 20 de enero, en
un comunicado del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, señaló
que:
“No hay fecha definitiva para el retorno de las familias triquis a
San Juan Copala”.
A partir de ese día el gobierno no le ha importado desquiciar el
transito de la región mixteca y triqui con tal de detener
infructuosamente el avance de la caravana del retorno de los
desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Ya van 72 horas de bloqueos gubernamentales en las carreteras de
Tlaxiaco a Putla y Tlaxiaco Juxtlahuaca que han dejado varados a miles
y miles de vehículos en medio de las mas apartadas regiones, sin que
el gobernador desista de su intento, -infructuoso hasta la fecha- de
detener la Caravana.
Le informamos que ante la conculcación de facto de las garantías de
libre transito por parte del gobierno en contra de la caravana del
retorno, esta ha tenido que continuar su paso por veredas para ejercer
el derecho a la libre circulación sin confrontar a los centenares de
policías y vehículos policiacos que pretenden detener su paso.
Pero la acción más deleznable, además de ilegal de la conducta del
gobierno de Oaxaca es que una vez que los indígenas triquis aceptaron
cerca de las 13:00 horas del día de hoy, 29 de enero del 2012, en
todos sus términos la ilegitima “propuesta” gubernamental consistente
en que previo al retorno de los desplazados se realizara una “asamblea
comunitaria” en San Juan Copala, presidida por la persona que
impusieron los paramilitares (los cuales tomaron a sangre y fuego el
poblado en septiembre del 2010) con la presencia únicamente de una
comisión de 10 personas mujeres desplazadas (y no de todos los
legítimos habitantes desplazados o no desplazados como debería ser),
aceptación que el MASJC realizó para evitar los retrasos por la fuerza
pública, y una vez que los emisarios gubernamentales se quedaron sin
argumentos para impedir el avance de los desplazados hacia su hogares,
la Comisionada de Derechos Humanos Eréndira Cruz Villegas, funcionaria
ante la cual respondían los retenes policiacos, ordenó por medio de
Heriberto Cruz Ponce funcionario de la Coordinación de Asesores del
Gobernador Gabino Cue, la detención violenta de David Venegas uno de
los integrantes de la caravana.
Ante el reclamo del MASJC el Subsecretario de Gobernación Oscar Cruz,
condicionó con todo cinismo la libertad al detenido a la instalación
de la supuesta “asamblea comunitaria” en los términos del capricho
gubernamental. Hasta este momento el compañero se encuentra en calidad
de desaparecido, responsabilizamos a Erendirta Cruz Villegas,
paradógicamente la Comisionada de Derecghos Humanos del Gobiernode
Gabino Cue de la suerte que pueda estar correindo este compañero y
responsabilizamnos al gobernador Gabino cue de esta ilegal acción que
tiene por objeto impedir el retorno de los desplazados ante el
agotamiento de su farsa de “dialogo y negociación”
Pero no solo eso, los funcionarios gubernamentales se retiran a los
pocos minutos de la detención, incumplen su compromisos de trasladar
en tres autos blindados a las 10 comisionadas del Municipio Autónomo
de San Juan Copala, retiran los bloqueos policiacos, pero al mismo
tiempo dejan a los desplazados en la Sabana, lugar de gran peligro por
la presencia de los paramilitares, ya que este lugar es precisamente
el sitio donde los paramilitares bajo el mando de Antonio Cruz García
y Julio Cesar Martínez Morales (Hijo de la actual “máxima autoridad”
reconocida por el gobierno asesinaron a Bety Cariño Y Jyri Jákola el
27 de abril de 2010, información que ya hemos hecho llegar a la
Comisión Interamericana con anterioridad.
La situación es muy difícil y de peligro extremo por lo que
solicitamos la inmediata intervención de la CIDH exigiendo al gobierno
Mexicano brinde las garantías de seguridad a los desplazados de San
Juan Copala, que se encuentran actualmente a su suerte, en la
carretera Juxtlahuaca Putla a la altura de la Comunidad de la Sabana y
por cuya vida esta inminentemente en riesgo.
Atenta y respetuosamente
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad