DECLARATORIA DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS,
NÚCLEOS AGRARIOS, ORGANIZACIONES CIVILES
Y TRADICIONALES DEL DISTRITO FEDERAL
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y otros ordenamientos aplicables, y
CONSIDERANDO
• Que los Pueblos y Barrios originarios somos los legítimos descendientes de los pueblos mesoamericanos, también llamadas primeras naciones, que, desde antes del inicio de la invasión española, habitamos el territorio de la Cd. de México, y que hemos dado continuidad histórica a nuestras instituciones políticas, económicas, sociales y culturales o parte de ellas.
• Que los Pueblos y Barrios originarios estamos asentados en un territorio determinado; el usufructo, uso, posesión y tenencia de la tierra tuvo un origen colectivo y que nos fue reconocido por las autoridades coloniales y por la nación mexicana. La posesión de la tierra y la lucha por conservarla es uno de los hechos más significativos de nuestra memoria histórica.
• Que los Pueblos y Barrios originarios tenemos el derecho de decidir sobre los proyectos de urbanización que afecten la tierra o el territorio en donde estamos asentados actualmente.
• Que los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México hemos dado sustento y fundamento, no solo a la historia de nuestra ciudad, sino de nuestra propia nación. El patrimonio y la riqueza de los Pueblos y Barrios Originarios es el fundamento de la grandeza de nuestra Ciudad. La tierra, los recursos naturales, el patrimonio tangible e intangible, la mano de obra, las creencias, las fiestas y el misticismo son fundamentos de esta urbe. Nuestro compromiso es conservar el patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestros Pueblos y Barrios Originarios.
• Que la Ciudad de México, antes Valle del Anáhuac, tiene un origen y un destino pluricultural. Nuestra historia es la narración de los diversos señoríos que estaban asentados en lo que hoy se conoce como Distrito Federal. Por esta razón, nuestra historia y herencia cultural es tan rica y amplia, y no existe ninguna delegación en la que no estemos presentes. Somos historia y cultura viva.
• Que nuestra identidad cultural es recreada constantemente en función de su entorno, la interacción con la naturaleza y la historia, pero, la parte esencial de nuestra identidad se conserva y se transmite de generación en generación.
• Ninguna otra comunidad indígena en nuestro país ha sufrido tan fuerte proceso de acoso, sometimiento y de ciudadanización que nuestros Pueblos y Barrios Originarios; sin embargo, seguimos conservando nuestra identidad mesoamericana.
• Que diversas organizaciones sociales han difundido y enriquecido nuestro pasado, a través de diferentes manifestaciones, como la música, la danza el arte y las artesanías. Gracias a ellos se revive nuestro pasado mesoamericano en la cotidianidad de nuestra Ciudad.
• Que los Pueblos y Barrios Originarios somos el sujeto social más agraviado por el crecimiento de nuestra ciudad. La modernidad y su contexto urbano ha presentado para nuestras comunidades más que una promesa de equidad un sentimiento de despojo e injusticia. Nos hemos enfrentado a un proceso de exclusión y falta de reconocimiento jurídico que obstaculiza nuestro desarrollo. Con preocupación observamos que los índices de mayor marginalidad de la Ciudad de México nos pertenecen.
• Que los Pueblos y Barrios Originarios no contamos con los mecanismos legales para ejercer el derecho a la autonomía y la libre determinación, que implica, por los menos, la elección de nuestras autoridades tradicionales y representantes, de establecer nuestros sistemas normativos; de conservar y fomentar nuestro patrimonio cultural como un rasgo distintivo de nuestra identidad; y que estos procesos sean garantizados y reconocidos por las autoridades administrativas. Tal como es reconocido por el artículo segundo de nuestra Constitución Política, el decreto 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
• Que la participación en la toma de decisiones que afecten a nuestros Pueblos y Barrios Originarios debe estar garantizadas en los diferentes órganos y niveles de gobierno.
• Que los pueblos originarios, por nuestro propio origen y problemática actual, responden a intereses comunitarios más a que intereses particulares. La posesión de la tierra es social; nuestros derechos culturales y lingüísticos se expresan en lo colectivo; nuestras ceremonias rituales o cívicas son parte misma de la comunidad; y los servicios ambientales son parte de la legislación de los derechos ambientales, piedra angular de los derechos colectivos.
• Legislar sobre pueblos originarios es legislar escrupulosamente sobre sus derechos colectivos
Por todo lo anterior, realizamos el presente:
PRONUNCIAMIENTO
Impulsar la Legislación Local sobre derechos y cultura de los Pueblos y Barrios originarios, con apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU; y el artículo segundo constitucional.
El reconocimiento jurídico de los Pueblos originarios como actores colectivos del derecho público, para todos los efectos que se deriven de nuestras relaciones con los diferentes niveles de gobierno, así como con terceras personas.
Declarar en la Ley de derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Pueblos Originarios; en el Estatuto de Gobierno y en la próxima Constitución Política del Distrito Federal, el carácter pluricultural de la Cd. de México, y que su riqueza esta fundamentada en los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal.
Las autoridades administrativas deben garantizar y reconocer nuestro derecho a la autonomía y la libre determinación, como en la elección de nuestras autoridades tradicionales y representantes, y en el establecimiento de nuestros sistemas normativos.
Cualquier actividad, programa o acción que afecte a nuestros Pueblos y Barrios Originarios debe establecerse un procedimiento de Consulta. Esta debe ser libre, informada y previa al evento a realizarse. De la misma manera, exigimos que debe existir una agenda administrativa y legislativa de los Pueblos y Barrios Originarios.
El establecimiento de medidas administrativas para que nuestras decisiones tengan un carácter vinculatorio. Por ejemplo, a nuestra toponimia y nomenclatura.
Resarcir a los Pueblos y Barrios Originarios por la política de depredación que fuimos objetos en el siglo XIX y XX, que determinó en muchos casos la desaparición de la propiedad social de la tierra, el agotamiento de los recursos naturales, en especial la sobrexplotación de mantos acuíferos, la negación de nuestro patrimonio cultural y la tendencia a minimizar o debilitar nuestros lazos comunitarios. Esta retribución seria por mecanismos políticos, sociales, económicos y jurídicos. Exigimos una indemnización expedita en el caso donde existen ya compromisos y acuerdos entre los pueblos y la autoridad administrativa correspondiente y que todavía no se cumplen.
Detener el crecimiento de la Ciudad de México que amenaza la propiedad y cohesión social de los Pueblos y Barrios originarios. Se tiene que establecer en la ley la facultad que tenemos para opinar y decidir sobre las obras que tiene un impacto ambiental, de servicios públicos o culturales que se pretendan realizar en nuestras comunidades. En especial, el decreto de no construcción de unidades habitacionales en los Pueblos y Barrios Originarios.
Impulsar una concordancia entre las diferentes normatividades que existen en el Distrito Federal para establecer claramente los derechos colectivos de los pueblos originarios y la dependencia publica que lo garantiza. Exigimos la modificación a la Ley de Participación Ciudadana y la Norma 26 de la Ley de Desarrollo Urbano.
En especial, se debe legislar particularmente sobre el patrimonio cultural de nuestros Pueblos, se debe garantizar la preservación de nuestros saberes, conocimientos, tecnologías, manifestaciones artísticas y rituales, de nuestra memoria histórica. En este contexto se tiene que fomentar e incentivar a las personas o grupos que promueven nuestro patrimonio cultural, de la misma manera sancionar a las personas o grupos que atenten contra el patrimonio de nuestros pueblos.
Exigimos el derecho pago de servicios ambientales y que las autoridades competentes decidan de qué manera se retribuye ese pago de servicios ambientales a los pueblos originarios. Los servicios ambientales deben contemplar el aire, el agua y la tierra.
Una política económica que contribuya de una forma directa y expedita a aumentar nuestro desarrollo.
CONSIGNA DE ANÁHUAC
Ciudad de México a 26 de Febrero del 2011.